De forma recurrente leemos y proclamamos la importancia del patrimonio como testigo de la contribución histórica, cultural y artística de los pueblos. Sabemos que forman parte del patrimonio documental los documentos de organismos y entidades públicas; aquellos con una antigüedad superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso, así como las culturales y educativas de carácter privado; y aquellos documentos con una antigüedad mayor a los cien años. Sin embargo los pueblos evolucionan y viven una realidad que la legislación a priori no contemplaba, y ante la que los poderes públicos parecen no reaccionar como exigen las leyes.
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