Recientemente teníamos conocimiento de que la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido mantenía oculto un archivo con cerca de 1,2 millones de documentos públicos que se remontaban a los años 40 del pasado siglo, producidos en su mayoría durante la era colonial, la I y II Guerra Mundial, la Guerra Fría y la entrada del país en el mercado europeo. Si ya de por sí resulta un hecho escandaloso, en el que la ética personal y la responsabilidad política brillan por su ausencia, recalquemos que no deja de ser un serio quebrantamiento de la ley. Y es que según las actas parlamentarias sobre documentación pública y sobre libertad de información, del año 1958 y 2000 respectivamente, todo documento producido por el Gobierno debe considerarse de dominio público y transferirse a los Archivos Nacionales tras alcanzar la edad de treinta años.
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